Herencias, divorcios, custodias... Verse las caras en los tribunales no es la única manera de resolver conflictos familiares. Sobre todo, en tiempos de crisis.
Sebastián tiene 80 años. Cuando su mujer murió hace unos meses, dos de sus hijos pensaron que solo una residencia podría hacerse cargo de él. La tercera hermana no estaba de acuerdo: quería que su padre viviera con cada uno de ellos durante 30 días, rotando de casa en casa. A Sebastián no le convencía ni una ni otra opción, aunque los hermanos desconocían su postura porque nadie preguntó su opinión. Se enteraron de ella cuando acudieron a un mediador para que les ayudara a resolver el conflicto y dieron con una sorpresa: quería probar a vivir solo por primera vez en su vida.
Unas clases básicas de cocina y un acuerdo de visitas entre los hermanos resolvieron el problema. Bastaron unas cuantas sesiones en un centro de mediación para acabar con el quebradero de cabeza familiar.
Algo menos de lo que otra familia tardó en resolver una disputa por una herencia que llevaba paralizada varios años por desacuerdos entre los herederos. El silencio en el que se habían encerrado los implicados se zanjó tras la llamada del mediador. Una especie de “milagro” en opinión de los propios afectados. El mismo calificativo que un recién divorciado utiliza cuando se le pregunta cómo fue capaz de llegar a un convenio amistoso con su exmujer si lo de ponerse de acuerdo ya era una asignatura pendiente durante su matrimonio.
Aunque ellos lo llamen milagro, la intervención divina tuvo poco que ver en estos acuerdos. Fueron obra de los propios afectados, aunque orientados por un mediador, la clave de la ecuación en muchas disputas familiares. A ellos es a quienes consideran los nuevos gurús de la resolución de conflictos, que en EE.UU. ya tienen hasta una serie de televisión: “Kate. Fairly Legal”.
Sin embargo, en nuestro país, siguen siendo los grandes desconocidos. En parte, porque no les gusta colgarse medallas: su trabajo consiste precisamente en que sean los interesados quienes pongan las cartas sobre la mesa y logren llegar a un acuerdo. Pero que no quieran protagonismo no significa que no sean cada vez más necesarios. Es la opinión de Inmaculada García Presas, doctora en Derecho Civil de la Universidad de A Coruña, quien cree que la virtud de la mediación está en que se trata de un proceso basado en la libertad de las partes, lo que tiene más visos de que lo acordado se cumpla.
“¿No es deseable que las partes decidan desde el común acuerdo? ¿Alguien niega que es positivo dar salida a los litigios de una forma más rápida y económica? Pues todas estas ventajas las tiene la mediación”, explica la autora de “La Mediación Familiar.
Una alternativa en el proceso judicial de separación y divorcio” (Ed. La Ley). A lo que añade otro efecto colateral no menos importante: que ayuda a despejar los juzgados. ¿El tercero en discordia? Cuando se pregunta a los encargados de formar a estos profesionales qué es exactamente un mediador, la mayoría hacen la misma aclaración: no se trata de la persona que está en medio. Tampoco del que intercede por alguien, como dice el diccionario. Más bien consiste en una especie de acompañante en el proceso de toma de decisiones cuya tarea es intentar que las partes lleguen a un convenio por sí mismos.
Principalmente, abogados o psicólogos –aunque también pueden proceder de otros ámbitos–, que han realizado un postgrado o máster con el que aprenden a manejar conflictos buscando soluciones pero sin intervenir a favor de una u otra parte.
¿Complicado? Bastante más de lo que podría parecer a simple vista. Para empezar, porque tienen que dejar a un lado partidismos y prejuicios. Y además, porque deben encontrar la forma de que personas en lados opuestos de la balanza lleguen a un punto de equilibrio. Es decir, que la filosofía del “hablando se entiende la gente” no es suficiente.
Sobre todo si se trata de custodias, pensiones, herencias, disfrute de vivienda tras una separación o quién pasará las vacaciones con los niños... Ahorro de costes. Aunque hay muchas diferencias en la geografía española –mientras que en Castilla-La Mancha se estima que alrededor del 25% de las parejas que se separaron o divorciaron el año pasado acudieron a la mediación, en Madrid no llegaron al 10% –, lo cierto es que el número de familias que utilizan los servicios de mediación es cada vez más alto.
Y parece que la crisis económica es la principal culpable. La causa está en que si se echan cuentas, la lógica del entendimiento gana: mientras que un divorcio contencioso puede llegar a costar varios miles de euros y en un proceso de mutuo acuerdo los costes no suelen bajar de los 800 euros, la mediación es gratuita en la mayoría de los centros al estar financiada por la comunidad autónoma en cuestión, por lo que solo se pagaría al abogado y al procurador necesarios para elevar el documento acordado al juez.
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